Reseña del libro "Datos: Protección, Transparencia y Buena Regulación"
Es indiscutible el interés jurídico que, en la era digital en la que nos situamos, despierta el tratamiento de los datos, y no solo de los que incumben a nuestra intimidad y privacidad. Todo apunta a que ese interés seguirá creciendo aún más con la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, que no será sin embargo aplicable de manera directa hasta mayo de 2018. Con todo, salvo alguna referencia obligada, la regulación europea no se trata en este libro, cuyo eje es el derecho de acceso a la información pública, el cual no parece verse afectado en sus principios generales por el nuevo Reglamento.
La presente obra colectiva pretende ser una contribución a la literatura jurídica existente sobre el difícil y complejo equilibrio entre el derecho a la protección de datos personales pero también empresariales- y el derecho de acceso a la información pública, en un contexto en el que coinciden obligaciones de transparencia con mandatos y principios de buena regulación, de la que tan falto está nuestro ordenamiento jurídico, ciertamente imperfecto en términos de racionalidad e, incluso, de legitimidad.
Un claro objetivo de mejora orienta, en concreto, las últimas modificaciones del proceso normativo introducidas con carácter básico por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en particular para la Administración General del Estado, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A modo de una regulación de la regulación que no tiene precedente entre nosotros, ambas Leyes fijan las reglas que a partir de su entrada en vigor ordenarán el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria por las distintas Administraciones públicas. La transparencia y el derecho de acceso público a datos de los expedientes normativos son también piezas clave del instrumental destinado al perfeccionamiento de la calidad de nuestras normas.
