tragsa: medios propios de la administracion y huida del derecho administrativo.

c. amoedo souto · atelier editorial

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Reseña del libro

la utilización de los denominados medios propios de las administraciones constituye un fenómeno en expansión; un fenómeno de huida del derecho administrativo que se justifica, como en tantas otras ocasiones, al amparo de la tan ansiada como mítica consecución de la eficacia de la acción administrativa.la presente monografía aborda desde un punto de vista crítico el mayor de esos medios propios en la actualidad, la empresa de transformación agraria, s.a., tragsa: una empresa estatal dotada de personalidad jurídico-privada, cuyo objeto social se extiende a muy variadas funciones y servicios relacionados con el ámbito agrario y ambiental, y que recibe sus encargos de trabajo desde distintas administraciones a través del mecanismo de la ejecución de obras por la propia administración.tras describir la realidad empresarial de tragsa, el libro analiza sucesivamente las ocho piezas que conforman su régimen jurídico: la atribución legal del carácter de medio propio instrumental de la administración para justificar la aplicación del régimen de ejecución directa por la propia administración; la naturaleza de las encomienda de trabajos, su falta de publicidad y su impugnabilidad judicial; la encomienda directa de obras a la luz del derecho interno de defensa de la competencia; la encomienda de trabajos a la luz del derecho comunitario de la concurrencia; el régimen de contratación de tragsa con terceros; la contratación laboral en tragsa; el régimen de responsabilidad patrimonial; la naturaleza de la encomienda de trabajos a tragsa por parte de las comunidades autónomas.se analiza a continuación la utilización de tragsa en la comunidad autónoma de galicia con un estudio de dos casos: el caso del saneamiento ganadero y la limpieza de las playas durante la crisis del prestige.a partir de ahí, se revisan las sombras que este tipo de desdoblamientos instrumentales provocan en el cumplimiento de los compromisos constitucionales de las administraciones, concluyéndose con la conveniencia de sujetar más estrictamente este tipo de medios al marco del derecho administrativo y de la administración pública.

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