La administración pública se sustenta en los principios establecidos para regir la función administrativa y debe estar al servicio del interés general. Por tal razón, está llamada a responder a las necesidades que demanda el contexto social, político, económico y cultural, en los marcos establecidos por la Constitución y la ley. La administración, mediante sus servidores, debe promover los cambios que fortalezcan su estructura en aras de responder a los retos del contexto atendiendo a los mandatos de la Carta Política.