Bolivia, en el florecer del siglo XXI, ha tenido la victoriosa conclusión de un proceso constituyente plurinacional, que intentó hacer una ruptura con el pasado colonial. Con esto, muchos intelectuales y movimientos sociales lo han clasificado como una lucha sociopolítica decolonial. Sin embargo, el tema es que en el siglo XXI vivimos en la totalidad global un fenómeno llamado “globocolonialidad”, en el cuál las estructuras financieras hegemónicas, aliadas con gobiernos bajo el comando estadunidense, violan derechos y hacen golpes en gobiernos opositores a sus voluntades, o a quienes no sigan las directrices estrictamente de los comandos financieros transnacionales; en resumen, el escenario es de procesos desdemocratizantes y desconstitucionalizantes versus el avance político de las tendencias neoliberales de gobierno. Esta actual tendencia global de la colonialidad política llegó a Bolivia en noviembre de 2019. Ahí, cumpliendo un papel vejatorio en la escena mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) pone en cuestión las elecciones presidenciales que llevaron a Evo Morales a un mandato más como jefe del ejecutivo boliviano. No obstante, en medio de la polémica acerca de su continuidad, la OEA se dedicó a generar polémica, aumentando las tensiones políticas. En consecuencia, estas medidas generaron un golpe de Estado. Bolivia fue golpeada en su voluntad electoral, y el poder fue asaltado por la representación de una tendencia política global intolerante, fundamentalista en su lectura religiosa, dando lugar a una violenta expresión de la división de clases sociales en sus manifestaciones racistas.