A pesar de las bondades que se le reconocieron al modelo de control fiscal consagrado en la Constitución de 1991, su aplicación en la práctica derivó en la politización de las cortes y tribunales al ejercer la función de postulación de los candidatos a los cargos de contralor y en una valoración negativa de la gestión de las contralor?as para prevenir la generación de daños al patrimonio p?blico, la incapacidad para establecer responsabilidades por su acaecimiento y la infectividad para recaudar coactivamente los alcances deducidos. Tras sucesivas e infructuosas reformas parciales, se pretendió dar una respuesta más estructural a estas agudas problemáticas por medio de una reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 4 de 2019 y desarrollada mediante el Decreto 403 de 2020, en razón de cuya expedición la presente obra realiza un primer balance del alcance de los cambios realizados y de las perspectivas sobre su real potencial para resolver los problemas diagnosticados y que justificaron la modificación del diseño institucional del control fiscal colombiano.