A lo largo de los primeros tres años de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el crimen político se disparó como nunca en el estado de Guerrero. La inevitable presencia del crimen organizado en los municipios, como primer y más vulnerable reducto de poder, ha obligado a que la mayoría de los ediles que gobiernan en los ochenta y un municipios de la entidad, decidan entre el consabido plata o plomo. Y la ruptura de esos inconfesables acuerdos ha devenido en una potencialización de la violencia contra ellos. Se tornó inevitable.