En los últimos veinte años o más, en la América Latina ha asomado en forma cada vez más recurrente, el fenómeno del cuestionamiento de los jefes de Estado – o simplemente presidentes de la República – por aspectos de los más diversos. Y que en la práctica llevan a su destitución y eventualmente su procesamiento judicial por los más diversos motivos, que no necesariamente tienen aspectos penales. Esto derivado, en términos generales, del impeachment que nuestros países heredaron de los Estados Unidos en el siglo XIX y cuyo campo de aplicación puede ser muy amplio y también muy subjetivo.