Sin duda uno de los factores actuales de discusión en el derecho penal lo constituye la interpretación del Principio de Legalidad frente a desafíos contemporáneos, como los crímenes internacionales, más aún, frente a graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el pasado y son impunes en la actualidad. En esta realidad, los pilares del derecho parecen insuficientes toda vez que se requieren ejercicios y necesidades de justicia apremiantes; sobre todo si desde la frontera constitucional es imprescindible estudiar la posibilidad de realizar los reenvíos necesarios para asegurar su persecución. En este sentido, el Principio de Legalidad constituye el objeto del presente trabajo, el cual se centra en analizar la estructura actual y los factores especiales de intervención en sus elementos de configuración, determinación y vigencia temporal, todo ello en una visión de derecho comparado, que en este campo destaca los avances de jurisdicciones internas, como el caso de Argentina o Perú, en las cuales se han logrado precedentes relevantes para la comunidad internacional. Todos ellos han servido de base para que, en el caso colombiano, se presente una visión de precedente que comienza a aparecer en el escenario latinoamericano. En este contexto, se observa como a través de los foros especiales demarcados por el Bloque de Constitucionalidad, la Justicia Transicional y los efectos de incorporación de la CPI en el derecho interno, se produce un fenómeno de legalidad penal ampliada la cual interviene en los escenarios descritos; este factor a su turno genera nuevos factores de interpretación del principio bajo estudio que se presentan a continuación. - 18 - Introducción Dentro de los elementos analizados en el presente estudio, es preciso indicar que el principio de legalidad, en síntesis, ha permitido al ciudadano saber en todo momento lo que se puede hacer y lo que está prohibido con amenaza de pena1 . Esto se traduce, en forma inobjetable, en el cumplimiento de una función de garantía de la libertad, pues permite pregonar una forma de Estado Social que en la actualidad ha sido acogido en la Constitución de 19912 . Al mismo tiempo, el principio de legalidad protege al ciudadano frente a la arbitrariedad del poder público que ejerce la jurisdicción penal, toda vez que este objeto de intervención está claramente definido en el derecho colombiano, en los artículos (6º y 8º de la Ley 599 de 2000), lo que constituye su primera consecuencia3 . Justamente, tal disposición ha sido definitiva para mantener los cauces democráticos de un Estado, con mayor razón en el caso colombiano4 .