La reforma constitucional en materia penal, de fecha 18 de junio de 2008, introdujo en el artículo 17 de la Carta Magna la obligación del Estado mexicano de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, como complemento al antiguo deber de proporcionar un defensor para quienes carecen de un abogado particular en el proceso penal. El autor realiza un estudio del derecho a la asistencia jurídica gratuita en México, tomando como referencia la Ley Federal de Defensoría Pública, propone una estructuración coherente y sistematizada de aquel, conforme con la Constitución. La obra representa un análisis novedoso en México sobre el tema; no se circunscribe a comentarios sobre la citada ley, sino que se adentra en su pasado histórico, argumenta mediante el uso de figuras propias del derecho procesal y profundiza en el estudio de los distintos elementos que conforman la institución jurídica; su concepto y caracteres; los requisitos de fondo que debe reunir el solicitante del servicio para los asuntos no penales o el procedimiento a seguir para su concesión. En esta monografía se proponen, como telón de fondo, los lineamientos para conformar un auténtico sistema nacional de asistencia jurídica gratuita acorde con las recientes reformas constitucionales en materia procesal en general.