El autor propone una nueva reflexión sobre un aspecto nodal para la incorporación en el ordenamiento jurídico de acciones especificas para la disminución de la pobreza, la exclusión y la desigualdad: la vinculación entre los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital, con la perspectiva de aplicación real y justiciabilidad de los Derechos Económicos, sociales y culturales, y con los límites presupuestales que enfrentan las instituciones del Estado.