Se analizan 17 demandas de empresas transnacionales contra el Estado ecuatoriano, basadas en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos con Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bolivia y Argentina. Estas demandas son presentadas en tribunales internacionales de arbitraje, como el CIADI, que en la mayoría de veces resolvieron a favor de las empresas. Las sentencias de los árbitros se traducen en pagos millonarios que debe realizar el Ecuador, incluso en los casos en los que se le da la razón, a cuenta de los costos procesales y los honorarios de los abogados. Estos montos generalmente superan con creces las inversiones realizadas; constituyen una extracción de fondos públicos que se suma a la serie de efectos que estos capitales provocan en los territorios, ampliando las fronteras extractivas y violando los derechos huma- nos, colectivos y de la naturaleza. Sin embargo, todo esto podría empeorar, pues ya se anuncia una nueva oleada de tratados de inversión, porque lo que está en juego es garantizar la continuidad de los negocios.