Garantizar la protección del derecho a la libertad es una obligación del Estado. Sin embargo, ese compromiso se incumple cuando se concede valor autónomo a la seguridad y se relativiza legalmente el concepto de libertad creando espacios intermedios sin garantías constitucionales. La privación de libertad de personas no identificables que han incurrido en una infracción administrativa es un ejemplo paradigmático. En tal situación, el ciudadano no disfruta de más garantía que la consistente en la explicación de las razones de la diligencia de identificación. En consecuencia, si, lejos de proteger la libertad, es el propio Estado el que impide su ejercicio, habilita ámbitos de impunidad policial, colabora a través de los servicios secretos en las detenciones ilegales y torturas practicadas por funcionarios de EE.UU. en territorio de la Unión Europea, se confirma la sospecha del deterioro irremediable del sistema democrático y su transmutación en un Estado autoritario.