Partiendo de la obligación -hoy imprescindible en México- consistente en que todos los operadores jurídicos están llamados a realizar el control de convencionalidad, el autor propone una teoría de la argumentación convencional a efecto de profundizar en torno a dos realidades que convierten al examen de regularidad convencional en una función ciertamente compleja, a saber: Wel hecho de que la cantidad y diversidad de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos es lo suficientemente amplia como para propiciar arbitrariedad y relativismos tramposos en su utilización, y (fi) el hecho de que la argumentación es, hoy por hoy, la principal herramienta con la que cuenta el jurista. Al final, no debe olvidarse que -parafraseando a Grossi- a través de la función argumentativa el jurista puede leer los signos de los tiempos y construir un derecho internacional de los derechos humanos que nunca pierda su sentido y fin: la protección del hombre como centro y eje del Estado de derechos y justicia.