La violencia que por décadas viene azotando de manera inclemente a Colombia ha generado cambios institucionales trascendentales, con el propósito, entre muchos otros, de restablecer los derechos y materializar las garantías fundamentales de las víctimas y perjudicados con la conducta punible. En ese orden se cambió el modelo de Estado por uno Social de Derecho, en tanto que el Congreso de la República ha venido avanzando en su reglamentación jalonado por las decisiones de las altas cortes nacionales e internacionales, como consecuencia del bloque de constitucionalidad y la globalización del derecho penal.áAsí entonces, este estudio responderá el interrogante: ¿la legislación penal colombiana regula por igual los derechos y garantías de las víctimas y perjudicados con el delito, y del procesado?